Gabriel tiene 5 años y una discapacidad del 55%, que le afecta a la motricidad. Por eso necesita un auxiliar educativo en el colegio que le ayude a superar su situación. Sin embargo, los ajustes en Educación han hecho que se reduzca esta atención especial. Sus padres se ven discriminados.

La madre de Gabriel no sabe donde acudir, después de que desde la Dirección Insular de Educación se le dijera que este curso el niño no podrá tener atención especial, con lo que no contará con la ayuda de un auxiliar educativo. Su hijo sólo tiene cinco años,  una discapacidad del 55%y requiere una atención específica que le ayude a progresar y desarrollarse como merece.

Este año inicia su tercer curso de Infantil pero no tendrá la ayuda de años anteriores, como otros diez niños de su edad en el Colegio Capellanía de Arrecife.

A la madre de Gabriel, en la Dirección Insular de Educación le han explicado que la Consejería  ha hecho recortes, con lo que en  este curso no se contratará a un auxiliar educativo, por lo que «el centro tendrá que arreglárselas redistribuyendo al personal con el que cuenta».  La solución que le dan es que los dos auxiliares educativos y los de comedor se tendrán que hacer cargo de los diez niños que requieren una atención especial. Un problema, porque Gabriel no tiene el mismo grado de discapacidad que los otros niños y además, cada caso es un mundo aparte.

Hace dos años el colegio contaba con un terapeuta ocupacional que la Consejería de Sanidad había asignado para atender a todos los colegios de Lanzarote, pero de nuevo la falta de presupuesto hizo que se prescindiera de este servicio tan importante para Gabriel y el resto de menores con problemas. Según explica María Gabriela Gallardo,  madre de Gabriel, entonces las autoridades calificaron ese servicio de «gesto de buena voluntad» por parte de Sanidad, pero de nuevo los recortes han hecho que se prescinda del mismo, «como si nos estuvieran haciendo un favor», se lamenta.

Desde Educación aseguran que el niño va a estar bien atendido, pero su familia ve que se está mermando la calidad de su formación y está preocupada por la involución que vaya a sufrir. Por eso dicen que «no es justo tener que estar pendientes de un servicio que corresponde a los niños», que se reconoce por ley y en tratados internacionales y la Consejería se lo está negando.

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